He querido a propósito esperar a que la consulta a la constituyente se haya celebrado, y cuyo resultado es ahora por todos conocido, para opinar sobre la impostergable necesidad de debatir los cambios estructurales que el País necesita para asegurar el postulado universal de “Nación que garantice el desarrollo sustentable para sus habitantes”. Y en este contexto, el debate deberá ser absolutamente democrático, permitiendo que todas las corrientes de pensamiento accedan con libertad a emitir su opinión sin cortapisas, amenazas, o peor, instituyendo sectariamente la persecución y la división entre ecuatorianos, pues, el Ecuador es un corolario de gentes e ideologías abanderadas por el mismo tricolor que anhela el bienestar y sueña vivir con trabajo, en libertad para escoger lo que mejor le convenga dentro de un ambiente de paz, seguridad y respeto; y no significa el triunfo del si a la constituyente, una licencia autoritaria para desterrar las ideas y propuestas de grupos antagónicos emitidas y conceptualizadas con visión de patria dentro del libre ejercicio democrático.
Como es lógico, al existir diversas visiones políticas, existen muchos asuntos discutibles, de los cuales cada corriente de pensamiento quisiera y gustaría verlos plasmados en la nueva Constitución, pero por sobre todo ello, es recomendable y deseable que las ponencias ideológicas se atemperen y concilien en función del bien supremo de todos los habitantes de nuestro hermoso país.
Que se analice con desprendimiento las bondades de la parte dogmática de la actual Constitución, y se tamice las disposiciones orgánicas, las correspondientes a requisitos de elección a legisladores, jueces de Corte Suprema, Contralor, Procurador y demás dignidades de relativa importancia, para subsanar los vicios de forma y procedimiento que han sido motivos de pugnas y mórbidos intereses.
La Constitución de 1998, introdujo en su Título III, importantes reformas de contenido social, se preocupó de incluir la aplicación efectiva de los derechos, garantías y los correspondientes deberes de los ciudadanos; reformas en las áreas de la salud; de la educación, en donde el Art. 71 destinó el 30% del presupuesto general del Estado para este sector, también instituyó en el Art. 70 la obligación de rendir cuentas del sistema educativo nacional -aspectos que no se han cumplido-. Reformas en el ámbito de las garantías de los derechos: Habeas Corpus, Habeas Data, Amparo Constitucional, creación de la Defensoría del Pueblo (?); y, lo más importante a mi entender, por ello de que el problema no está en las leyes sino en las actitudes de las personas, y que para lograr un verdadero cambio debería constituirse en eje fundamental de difusión y enseñanza a todos los ecuatorianos, no solo a aquellos en edad escolar; la Constitución del 98, en su Título III, Capitulo VII que habla de los deberes y responsabilidades, nos entregó en el Art. 97, veinte ordinales que empiezan por el mandato de acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente –pausa obligada para reflexionar nuevamente, y repasando los últimos tiempos de vida política, especialmente los últimos episodios vividos, me pregunto si esto se ha cumplido, y obviamente la respuesta es NO, y de cajón me viene la siguiente pregunta, ¿Qué o quién garantizará que la nueva Constitución no caiga en la calidad de papel mojado de la actual?-; y, así, comentando aleatóriamente el mismo artículo 97, el ordinal 4to que habla de promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular; o el ordinal 6to trabajar con eficiencia (?) –mi querido lector usted habrá sentido como todos los ecuatorianos, la ineficiente y displicente atención de los burócratas estatales en el Registro Civil, IESS, Emelmanabí, o Pacifictél por mencionar unas pocas, y, ahora hasta en el sector privado, en los Bancos colas de ignominia, en donde cuando a usted le toca hacer su tramite, justo ese instante se va el sistema o simplemente el empleado se manda a cambiar, cambiará esto la constituyente?-; en el ordinal 9no se señala; Administrar honradamente el patrimonio público; en el ordinal 14 se señala “Denunciar y combatir los actos de corrupción”. Cree usted que todos estos postulados se han cumplido?, yo creo que no y sería inútil seguir comentando los demás, si sabemos que se han incumplido. Es entonces urgente que como modelo prioritario de propaganda Estatal se promocionen y difundan todos los ordinales del artículo 97 de la todavía vigente Constitución Política del Estado, campaña de propaganda estatal, esta sí, de justificada y permanente implementación.
También introdujo la Constitución del 98 importantes cambios en el sistema Judicial, se instituyó la oralidad de los juicios para dotar a los ecuatorianos de una justicia sin dilaciones, una justicia inspirada bajo los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en su administración. En donde se hace hincapié en que la justicia no se sacrificará por la sola omisión de formalidades; lamentablemente, todos estos enunciados armónicamente estructurados y plasmados con la mejor intención, han quedado en ello, en simples enunciados, pues a pesar de haber pasado ya nueve años de vigencia, no se ha implementado la oralidad de los juicios en todas las materias, ni se ha logrado la eficiencia en la administración de justicia, con causas acumuladas y traspapeladas por tiempos fuera de toda previsión doctrinaria peor legal, adjetivamente hablando.
La agonizante Constitución del 98, doctrinariamente señala en el Art. 242 que la organización y el funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios; y a la propiedad de los medios de producción. Entonces me pregunto, que tan mala es la Constitución vigente para que se la haya satanizado como la razón de todos los males de los ecuatorianos?. No será que este país caudillista, en ausencia practica de aquellos que dominaron la escena política y económica, exiliados por acusaciones de corrupción unos y envejecidos otros, busca nuevos caudillos, y son estos aspirantes los que buscan someter al pueblo en una repetición histórica de idénticos sucesos, pues con la que se obtenga del parto de la Constituyente recientemente aprobada serán veinte constituciones en la vida Republicana del Ecuador que no han cambiado nada de la azarosa vida política nacional, ni han logrado un crecimiento sustentable de la economía para beneficio de sus habitantes.
Es de esperar que a la Constituyente vayan los mejores, y no petimetres sin preparación suficiente ni para entender que importancia y supremacía tiene la Constitución en la vida del Estado, y es de esperar también que el pueblo inteligente e intuitivo sepa valorar a aquellos elementos valiosos y no se equivoque eligiendo bailadoras, showmans de televisión, peloteros o mercachifles que en su ámbito están bien, pero que no están capacitados para disponer y diseñar el destino de casi catorce millones de ecuatorianos.
Dr. Eduardo Caamaño Vega
Worldbec@hotmail.com
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