De las ambiguas declaraciones emitidas por el Dr. Víctor Lozano, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Manabí, en el marco de la reunión mantenida con autoridades judiciales, policiales y de la legítimamente preocupada Presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, señora Lucía Fernández, sobre la problemática presentada por la liberación de los implicados en los casos de secuestro, y que según él, el “Estado es el gran alcahuete y culpable”, me ha quedado una lectura con sabor a dedo, y unas incógnitas obligadas que me llevan a explicar lo siguiente:
Quién es o qué es el Estado?.- El Estado es 'una persona ficticia', y por tanto sujeto a derechos –imposiciones más que derechos- y obligaciones, cuya esencia principal corresponde el de ser una organización jurídico político, en razón del territorio y de la potestad de las personas que habitan en él. Al Estado se lo representa y reconoce en un territorio cobijado por una bandera, en un himno, en un escudo, y en sus autoridades principalmente, que son las encargadas de dictar, ejecutar, y respetar las normas de su organización jurídico político. Siguiendo el concepto de Platón, diríamos que el Estado es un todo que comprende y unifica a todas las manifestaciones de la vida de los individuos. Su poder y su autoridad son ilimitados, igual que su competencia para promover la felicidad de todos.
De qué forma es el Estado?.- El Ecuador actual es un Estado democrático, soberano, y cuya soberanía radica en el pueblo. Su forma de organización y administración descansa sobre tres poderes fundamentales, independientes entre si, a saber: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El poder Judicial o Jurisdiccional, es el órgano del Estado encargado del poder de administrar justicia mediante la potestad pública que le confiere el Estado, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que le corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las Leyes.
Colegimos entonces, que el Estado no es sino una persona ficticia que es representado por el Presidente de la República, a cargo del Poder Ejecutivo; por los Diputados o Legisladores que son los encargados del Poder Legislativo, o sea del poder de legislar y entregar las leyes y normas necesarias para la convivencia pacífica; y de los Magistrados, Ministros y Jueces que conforman el poder Judicial, que son los encargados de administrar justicia amparados en la Ley. A los últimos, y para los efectos que nos interesan, hay que agregarles el Ministerio Público (fiscalía), entidad autónoma a los otros poderes del Estado, pero íntimamente ligado a la Función Judicial, pues tiene a su cargo la prevención en el conocimiento de las causas penales, y por ende dirigirá y promoverá la investigación preprocesal y procesal penal, y es de quienes depende que los presuntos infractores sean acusados ante los jueces competentes, ellos además son los encargados de seguir de cerca en todas las etapas de juzgamiento, impulsando la acusación en la sustanciación penal. Y, agregados a estos, también la Policía que tiene la obligación de proporcionar las pruebas y validarlas a lo largo del proceso penal.
Para el caso de los imputados del supuesto delito de plagio (tengo que decir obligadamente supuesto, pues de no ser así no hubieran sido liberados sino acusados), que fueron liberados según se desprende de la lectura de las declaraciones del Dr. Lozano, por que la figura del delito admitía fianza concedida por el Juez; dando a entender que “El Estado es el gran alcahuete y culpable, que no ha dado estas políticas que deben ser. Y nosotros cada cual nos tiramos la piedra” (sic). Horror de horrores, pues la Ley existe, artículos desde el 188 al 190.1 del Código Penal. Y en el supuesto de que la Ley fuese insuficiente, son los jueces, ministros y magistrados que por intermedio de la Corte Suprema de Justicia, según lo previsto en el artículo 144 numeral 3 de la Constitución Política vigente, los llamados a presentar los proyectos de Ley que fueren necesarios para corregir estos dislates y gazapos de la Ley Penal.
Concluyendo, no es el Estado como persona ficticia y como tal ser inanimado, el alcahuete de los resabios judiciales, los responsables son las personas que en ejercicio de su función, no hacen lo debido y ordenado en la Norma Suprema y por las leyes de las materias respectivas, como el del señalado en el Art. 19 del Código Civil, que dispone como deber inobjetable de los jueces, para los casos en que cuando haya falta u oscuridad de ley, consultar a la legislatura por intermedio de la Corte Suprema de Justicia a fin de obtener una regla cierta para los nuevos casos que ocurran. Ya dirán los liberados ¡Que viva la libertad que me otorga el Estado que alcahuetea a la justicia!.
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