Deficiente interpretación semántica de la ley

La deficiente interpretación semántica que de la Ley se hace en nuestro medio, ha resultado en más de un fallo contradictorio, cuya consecuencia directa a más del daño ocasionado a quienes se ha perjudicado con estos, es la pobre imagen que de la justicia se tiene en nuestro país, ergo, la percepción de inseguridad jurídica que fuera de las fronteras patrias existe y en donde se nos otorga bajas calificaciones en administración de justicia.

Para comprender mejor de que manera la semántica, influye en la toma de decisiones judiciales, es necesario antes saber que significa, para lo cual partiremos desde el conocimiento de la semiótica, definida como la lógica de los símbolos, esta se divide en tres partes: sintaxis, semántica y pragmática. La sintaxis trata de las relaciones de los signos entre si, prescindiendo de su contenido (para lo que nos interesa se entiende por signo una palabra, con unidad propia en el vocabulario). La semántica, es el estudio del significado de los signos lingüísticos, esto es, palabras, expresiones y oraciones. Quienes estudian la semántica tratan de responder a preguntas del tipo "¿Cuál es el significado de X palabra?". Para ello tienen que estudiar qué signos existen y cuáles son los que poseen significación, o lo que es lo mismo, qué significan para los escritores y hablantes, cómo los designan es decir, de qué forma se refieren a ideas y cosas, y por último, cómo los interpretan los lectores y los oyentes. La tercera trata de las relaciones entre el símbolo y el sujeto que lo utiliza.

Del reciente concurso para renovar las Cortes Superiores, quedó en evidencia las bajas calificaciones obtenidas por los participantes, hecho del cual nos ha quedado la preocupación de que si los nuevos juzgadores estarán lo suficientemente capacitados para emitir fallos apegados a derecho como resultado de una apropiada interpretación semántica de la ley; fallos que de ser recurridos por aclaración o ampliación, en los mejores casos y de existir en los ministros la capacidad de aceptar la crítica, podrían ser rectificados, pero lamentablemente habrá otros en que la “supuesta oscuridad de la ley” (léase deficiente interpretación semántica) se la utilizará como muletilla para justificar debilidades jurídicas, que se verían amenazadas al vaivén de oscuros y mezquinos intereses.

Si así es el perfil de los nuevos Ministros de Cortes Superiores, que podemos esperar de los jueces de primer nivel y de los agentes fiscales (con poquísimas honrosas excepciones de los actuales en funciones), en donde como requisito para acceder al cargo, se necesita acreditar experiencia de tan solo tres (3) años de ejercicio profesional, requisito utópico considerando la escasa oportunidad de trabajo que existe en el Ecuador dada la masiva entrega de abogados deficientemente preparados que cada año gradúan nuestras universidades.

En este tétrico panorama, la más de las veces, jueces y fiscales deben hacer una particular interpretación de la ley, y en ocasiones, ya por insuficiencia en la debida interpretación semántica, ya por ocultas motivaciones –son ocultas porque si el juez o el fiscal las hicieran públicas antes de emitir sus fallos y dictámenes incurrirían en prevaricato- contrarían lo prescrito en el parágrafo 4to del título preliminar del Código Civil en vigencia, que trata sobre la interpretación judicial de la ley. En dicho título, el artículo 18 dispone en el numeral 1: Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. El numeral 2 dice: Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso natural de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se las dará en éstas su significado legal. En materia penal, el Código Penal establece taxativamente en el Art. 4.- Prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En los casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo.

Para ilustrar en la práctica la deficiente interpretación semántica de la ley, en los últimos días y en medios de prensa, el Ing. Boris Jervis Troya, denuncia públicamente el manejo irregular del Juicio Ejecutivo No. 132-2005, en la cual, en su parte medular y refiriéndose al fallo emitido por los Ministros de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, (Ab. Griselda Vélez Vélez y Dr. Luís Chica Valencia) señala que erróneamente cambian la debida interpretación de una de las excepciones, la de falta de personería del demandado por la de falta de personería del actor, enredándose en la aclaración y ampliación del fallo inmotivado, para terminar diciendo que dicho error capital no influye en la decisión de la causa. (sic)

Casos como el narrado no son excepcionales, fuera de aquellos “casos difíciles o de excepcional interés”, muchos juicios son tramitados en base a enredosas y hasta disparatadas interpretaciones de la ley, no solo por insuficiencia en la interpretación semántica, sino también por la pobre gramática demostrada en la redacción de autos, decretos y sentencias amén de horrorosas faltas de ortografía.

Los asambleístas deberían considerar en la nueva asamblea, que en el texto constitucional, y, en el apartado que trate lo relativo al Legislativo y a la estructura de las normas, considere la utilización de vocablos de uso común o mayormente aceptados; y, que en el futuro, la comisión de codificación del Congreso Nacional, y de la actual Constituyente (será posible?) sean integradas por jurisconsultos con estudios de postgrados en semántica, composición y redacción literaria. Concomitantemente, que se obligue a los futuros candidatos a magistrados, ministros, jueces y fiscales a aprobar previo el curso correspondiente, un examen de interpretación semántica, gramática y redacción. Y que, a los que se hallen (no hayen) en ejercicio, hayan (no hallan) debido cursar obligatoriamente cursos de actualización en las mismas materias.

Claro que la solución definitiva tendrá que venir de mejorar -cambiar totalmente- desde la base los programas de educación escolar, media y superior.

Aprendamos la Cultura del Reclamo

El ecuatoriano no sabe reclamar, unas veces despotricamos sin orden ni método y otras las más, respondemos encolerizados tal vez porque en nuestra incultura proponer una queja prudentemente no tiene cabida, y esto sucede porque casi siempre a quienes va dirigido el reclamo no son suficientemente responsables para resolverlo, o lo que es peor, no están suficientemente preparados para entenderlo y traducirlo en mejoras en el servicio que repercutan en mejoras de la sociedad misma.

En nuestra sociedad hay personas que desarrollan sus actividades como empleados bajo el mando de jefes que muchas veces actúan sin consideración ni cortesía, y en otros casos, son usuarios del servicio provisto por alguna Institución pública o privada en donde han recibido algún trato descortés, o siendo estudiantes de algún centro universitario les han impuesto las calificaciones a dedo, y muchas de esas ocasiones callamos por que esa es nuestra naturaleza, sin racionalizar que el acto del reclamo hace valer nuestra dignidad como seres humanos, pues apela a una igualdad civil esencial que contribuye a restaurar nuestra autoestima y el respeto con efectos virtuosos para la sociedad que la cultiva.

De acuerdo al diccionario, el reclamo es la expresión de una exigencia o la manifestación pública de una oposición. Podría concebirse entonces como un recurso que posibilita a una persona la reivindicación pacífica de derechos y la resolución de conflictos, mediante la argumentación, la confrontación de evidencias y la conciliación.

Educar a nuestros hijos en valores y enseñarles el entrenamiento en el arte del reclamo desde pequeños, para que sepan identificar y defender los derechos propios respetando a los ajenos, contribuye a formar el perfil ideal del ciudadano, mejora el sentido de las proporciones e induce a una sana costumbre fundamental para el posterior desempeño en la sociedad y en el trabajo productivo. Si entendiéramos y asumiéramos la importancia que en la vida diaria la funcionalidad del reclamo y su encauzamiento de acuerdo a normas claras y eficaces tiene en la sociedad, de seguro comprenderíamos también la importancia que en la vida política éste tiene, y comprenderíamos además la importancia de vivir en democracia reconociendo la existencia de un Congreso, pues es en ese escenario en donde deben procesarse adecuadamente las demandas y exigencias heterogéneas, y muchas veces contradictorias de la sociedad, que acude en busca de soluciones que plasmadas en leyes aceptadas por todos, arreglan las dificultades de la convivencia pacífica.

En sociedades más desarrolladas donde existe una cultura que acepta y valora el reclamo, este recurso es habitual, se encuentra democráticamente distribuido, lo que quiere decir que cualquier ciudadano sin necesidad de privilegios o intermediarios puede hacer uso de él y responde a un procedimiento transparente tanto en el ámbito civil y legal; en el ámbito de lo político, a diferencia de lo que ocurre en Latinoamérica, la vida parlamentaria permite el ejercicio del reclamo, pues dirime diferencias y se alcanzan acuerdos entre el Presidente de Gobierno y el Líder de la Oposición quienes tienen por mandato constitucional que comparecer una vez por mes al Congreso a debatir sus contradicciones, tal el caso de España por ejemplo, en donde el Presidente del Gobierno escucha las quejas y reclamos que sobre su gestión hace quien esté ubicado como líder de la oposición. En el mismo ámbito político, siempre en democracia, están las elecciones que son una forma de reclamo y que nosotros mejor conocemos como castigar con el voto, y que hacen factible cambiar los gobiernos pacíficamente.

Si aprendemos a no vivir bajo paradigmas y hacemos uso efectivo del derecho de reclamo dejando de lado los recursos ilegales e inmorales a los que consideramos como "ventajosos", que no son otra cosa que incentivos de corrupción. Si aprendemos a desechar el pensamiento de que casi todo puede arreglarse por la izquierda: desde los estudiantes que compran las notas que les faltan a los profesores, hasta el anuncio de asustar el mercado para la renegociación de papeles de la deuda pública, pasando por la "contratación" de un servicio público gratuito, el pago para ser nombrado funcionario público, el fin de una huelga, el pago por la redacción de una tesis de estudios, etc. Hay toda una gama de procedimientos turbios característicos, lamentablemente aceptados, por acá la coima, por allá el uso de una "palanca" como instrumento de influencia o chantaje se distinguen como una manera de torcer los procedimientos que se reconoce a primera vista; trátese de lo que se trate, hay en todo un aire de familiaridad: eso es precisamente lo que significa equivocadamente asumirlo como "procedimientos ventajosos".

El reclamo no debería interponerse jamás y peor entenderse como una agresión personal o una incitación inminente a la violencia. En resumen, el reclamo es parte de una cultura y pervive por la educación que del tema se tiene, es parte de un género legal y de un sistema político y sirve fundamentalmente para que el individuo responda a actos de autoridad o de otros individuos que considera injustos o lesivos.

En Ecuador, el reclamo pacífico y civilizado puede y debe ser un recurso para lograr el cambio efectivo y positivo. Sin embargo, hace falta mucho para extender este derecho a todos los ecuatorianos y ello implica tanto un reto de diseño jurídico como de ingeniería cultural muy importante a tomar en cuenta por los próximos asambleístas, pues la actual Constitución prevé la tutela del reclamo y la de la defensa de los consumidores como derechos civiles consagrados, de hecho existe la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, La de la Defensoría del pueblo, la de Propiedad Intelectual, la de Comercio Electrónico, la Medio Ambiente, amen de otras leyes y del Código Civil y Código Penal perfectamente aplicables al tema. En tanto esto ocurre, hay que recordar que la posibilidad del reclamo es parte fundamental de la ciudadanía democrática y de la dignidad del individuo y que la ausencia de este derecho vulnera y mutila potencialmente a la persona. Abogados divulguemos este derecho y administrémoslo honesta y éticamente.

De Farisaismos ... Segundo Tercio

Repasando el título del artículo, habíamos hablado en anterior entrega sobre los conceptos de farisaísmos y caudillismos, asociándolos fácilmente con la actualidad política en que vivimos y la vigencia que estos conceptos mantienen en el accionar de los regímenes latinoamericanos, especialmente concernientes a esta parte del continente, en donde, políticos profesionales elegidos por medio del voto a las distintas dignidades del gobierno de un Estado, no han sabido devolver con trabajo y acciones que vayan dirigidas a mejorar la calidad de vida de sus electores, quienes, por vía de esa deslealtad e inconsecuencia, ven diluirse sus últimas esperanzas de cambio y la confianza depositada en los políticos de turno, a quienes los reconocen ya como falsos, interesados únicamente por el bienestar personal en perjuicio del interés colectivo y por los cuales se los reconoce como fariseos (hipócritas) que practican el farisaísmo (hipocresía) en el doble discurso presentado antes y después de todo proceso electoral.

Sucede entonces, que en este contexto un tanto repetitivo de las sociedades latinoamericanas, de esperanzas nacientes y esperanzas frustradas en los políticos profesionales, que las mayorías de sus poblaciones, de una profunda raigambre popular, de bajo contenido cultural y menos favorecidos por la injusta repartición de la riqueza que pervive en nuestro continente, van cíclicamente creando caudillos, líderes innatos pero sin la preparación debida, que una vez en el poder se convierten en déspotas autoritarios, que se nutren del descontento y resentimiento del pueblo para ejercer su autoritarismo; y, de este modo arrasar con todo principio de libertad que es el bien más preciado de todo ser humano, destrozando la legalidad que garantiza las libertades individuales, tanto la libertad de credo como lo que es más importante, “la libertad de expresión” la que se canaliza por intermedio de los medios de comunicación, blanco permanente y preferido del ataque de estos 'neocaudillos', pues por su despotismo (abuso de autoridad poder o fuerza en el trato con los demás) no les interesa que sus ideas, acciones y ejecutorias en el poder, sean contrastadas, peor juzgadas por la opinión pública, pues su interés principal, consiste en destruir cualquier clase de oposición que atente a sus planes del ejercicio de un poder autoritario dentro de un régimen de totalitarismo absoluto. Ejemplos sobran, la cadena de televisión venezolana RCTV, prácticamente “confiscada por el gobierno del caudillo Chavez”, o el del diario La Hora en Ecuador, enjuiciada por opinar diferente que el gobernante de turno, amén de otros medios amenazados a alinearse con el pensamiento del régimen, o de lo contrario son estigmatizados con epítetos de prensa basura, periodismo amarillista, gamberros que se parecen o valen el nombre que lleva el palo transversal del mástil de los veleros, según sus propias palabras.

Y así, entre sucesos de gobierno que no responden a acciones planificadas, decurre el día a día de los ecuatorianos, en una especia de existencialismo en donde se anteponen las circunstancias de la vivencia diaria sobre el conocimiento objetivo, o lo que es lo mismo, en una suerte de práctica de acciones atropelladas e improvisadas a falta de planes racionales validamente consensuados, y en este accionar de improvisación general convertida ya en un vicio de nuestra cultura latinoamericana, en esta suerte de existencialismo, se suceden los gobiernos de turno, cáusticamente improvisando hasta la improvisación.

En este escenario, de cuando en cuando aparecen algunos desprevenidos y espantajos corifeos para alinearse a las acciones oficiales, más bien repitiendo incomprensiblemente que opinando analíticamente, aprovechan los espacios en los medios para alinearse y hacer apología de las acciones desmedidas, desproporcionadas y abusivas de los 'neocaudillos', pretendiendo justificar lo injustificable como el ilegal cierre de la cadena de televisión Radio Caracas Televisión de Venezuela. Ya dirán estos amorfos corifeos insultadores de la inteligencia, que defienden la democracia. Pregunto, que democracia existe en donde se vive en totalitarismo, por qué se defiende el atropello que por vía de la abusiva y antojadiza interpretación de la Ley, se comienza a hacer en nuestros países para perseguir a quienes con criterio de patria opinan sobre los temas de interés nacional.

Es vital mantener la democracia, el vivir en libertad, donde exista libertad de expresión, y la libertad de prensa, pues un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero este mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle.

De Farisaismos, caudillismos, autoritarismos y otros ismos en tarde de toros!

Al comenzar la redacción del presente artículo me pregunto si me estaré metiendo en camisa de once varas, como si la sola tendencia sustantiva que posee el epígrafe con el que he decidido bautizarlo no es ya suficiente material de análisis por las connotaciones individuales de cada sustantivo que lo conforma, por ello, confieso mi temor de poder conjugarlos comprensiblemente con la realidad que atravesamos los siempre anhelantes y simples mortales moradores de este panorámico, subyugante y contrapuesto país; así que, sin más, plantado en el medio, como torero a porta gayola, paso a explicar mis razones para escribirlo en circunstancias que los astados, a los que ineludiblemente aludiré, están 'afeitados de cornamenta, fieros y amañados', no toleran críticas y además cuentan con el favor de la autoridad de plaza que son ellos mismos.

Muchos de nosotros en nuestras sociedades solemos aplicar el término fariseo cuando la conducta de alguien no es la que debería reflejar ante los demás. Este término es netamente bíblico pero lo comprendemos mal y por ende, lo utilizamos mal, pues 'el fariseo' tal como aparece en los Evangelios, no solamente desprecia a los otros, sino que además es un hipócrita. Y es esta la razón de porque utilizamos el término en sinonimia de cómo queremos describir a quienes con doble discurso presentando la doble careta como diría el pueblo llano, han sabido aprovecharse del favor popular en su propio beneficio, utilizando como trampolín que les catapulte a las altas esferas de poder, la poca capacidad de los electores para elegir, de modo que, aupados luego en los fugaces vapores donde se fraguan los mayores tratos destilados de vil metal, con quemeimportismo miran de lejos a sus electores sin importarles su suerte, abandonándolos en la oscuridad del desconocimiento y la desdicha porque es de donde se nutre su razón de ser y su esencia de oportunistas y demagogos. A estos inefables personajes los llamaremos más familiarmente como los fariseos de la política, y son sus incongruentes acciones, mostradas antes y después de haber pedido el favor popular, los farisaísmos con los que han respondido al pueblo elector, pueblo caudillista que sigue pintando del color equivocado a la esperanza de vivir en bienestar y desarrollo sostenido.

Caudillismo es la necesidad del pueblo de nuevos “líderes carismáticos” cuya forma de llegar al poder y llevar el gobierno está basado en el endiosamiento de su persona, al hacer creer a la población que el 'caudillo' podría llegar a solucionar todos los problemas existentes.

El poder de los caudillos se basa en el apoyo de fracciones importantes de las masas populares, muchas de las cuales por medio de la violencia se constituyen en la herramienta del abuso y del autoritarismo para gobernar.

Este apoyo popular, la historia reciente ha demostrado que se vuelve en contra de los caudillos cuando las esperanzas puestas en ellos se han visto frustradas, volcando entonces el pueblo sus nuevas esperanzas en la creación y seguimiento a otro caudillo que lo logre convencer de su capacidad de mejorar el país, creándose entonces un círculo vicioso que arrastramos desde el nacimiento de la República, y que solo podrá ser roto y convertido en virtuoso cuando sepamos con madurez y responsabilidad cumplir con la obligación básica de darle al pueblo educación, salud y trabajo, para lo cual es necesario abrirse al mundo y no cerrarse autísticamente o mejor dicho autárquicamente.

Las prácticas abusivas que vemos cada día, y que son impuestas por el uso de la fuerza, han quedado como una mala herencia de la génesis caudillista de nuestra república. El caudillo siempre ha buscado gloria y poder, y con obras de oropel y acciones sensacionalistas intenta ganarse la simpatía de la población, desprestigiando al máximo las prácticas democráticas anteriores, desacreditando constituciones legalmente establecidas para inspirar otras a su conveniencia y, especialmente desacreditando a sus antagonistas u opositores, de modo que con una base de respaldo popular pueda reorganizar el gobierno y el Estado a su antojo.

Nuestro país es una de las repúblicas que se constituyeron sobre una base inconsistente, sobre un Estado embrionario, desorganizado económicamente, caótico en el orden político y sin planes de gobierno que sigan disciplina y orden – malas prácticas que siguen hasta nuestros días-. Por esta razón, la democracia no es totalmente efectiva y se realiza un uso inadecuado de las conquistas del liberalismo, en vez de un correcto uso de la libertad.

La inestabilidad política actual es consecuencia de cómo fue organizado el Estado, al nacer a la vida republicana sin base oriunda, identidad, o peor representación propia; tanto así que los ecuatorianos nacimos a la vida republicana con presidente venezolano, -dicen que la historia es una constante repetición de hechos, pero en este país se repiten con ligeros matices- y desde entonces, ocupados entre disputas caudillistas hemos ido forjando nuestra historia con rebabas de escoria de una forja que no ha sido impoluta ni ha dado el material resiliente a los vicios del poder y de la vanidad, hemos obtenido apenas ídolos de barro.

VIVIR AL DIA Y SIN AGENDA, MAL DE LOS ECUATORIANOS

Hace un año ya, el reelecto Ministro de Educación, el distinguido manabita, Lcdo. Raúl Vallejo, escribía en la revista Vistazo No. 921 , que el país pasa por una grave crisis de su institucionalidad, que unos piden una Constituyente para comenzar de nuevo todo y otros, quieren reformar la constitución en sintonía con los anhelos de cambio. Explicaba que los problemas de los ecuatorianos, no eran sino, el reflejo de los caducos y equivocados programas de educación que se han ido sucediendo en los últimos treinta años sin reparar en la eficacia de los mismos frente a los retos que impone el desarrollo y las necesidades de la población. Es decir, viviendo al día en el más significativo sector del desarrollo del Estado, sin que nadie en las altas esferas de los gobiernos de turno se hubieran preocupado de evaluar su eficacia, emprendiendo en los correctivos necesarios, peor hablar de una investigación orientada a planificar su impacto en la población acorde a las necesidades supervenientes, de allí las consecuencias actuales.

Propone el Ministro que se debe desarrollar en la escuela un programa de “Educación Ciudadana”, que tenga como objetivo que los educandos reflexionen sobre el sentido de la Ley, la democracia, la participación (mejor entendido como el involucramiento y el compromiso ético para con su entorno más próximo), los deberes y los derechos de las personas. Razona correctamente el Ministro cuando dice que en las escuelas y colegios se deben organizar y desarrollar charlas, talleres o jornadas, para reflexionar en la necesidad de formar la conciencia cívica del futuro ciudadano y ciudadana que el país requiere para marchar, y que para este objetivo, se vuelve imperativo el estudio del artículo 97 de la Constitución, que habla sobre los deberes y responsabilidades de la ciudadanía. Así entendido, se vuelve un asunto de capital importancia y de central actividad la apreciación del Ministro en lo referente al estudio de la Constitución en su artículo 97, pues solo para reseñar unos pocos de los deberes allí consagrados citaré: Numeral 3. Respetar los derechos humanos y luchar porque no se los conculque; numeral 4. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular; numeral 5. Respetar la honra ajena; numeral 6. Trabajar con eficiencia; numeral 9. Administrar honradamente el patrimonio público; numeral 14. Denunciar y combatir los actos de corrupción; numeral 18. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. Solo con la enseñanza práctica de estos pocos enunciados nombrados, ya tendríamos garantizado un mejor futuro para el Ecuador. ¿Que espera entonces señor Ministro para ponerlo en práctica?.

Porque los ecuatorianos no usamos el sentido comun?

El sentido común es el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y a través de los sentidos, de una manera espontánea, dispersa, acrítica y convencional. Es espontáneo porque está sujeto a una inesperada acción que lo origina y se da sin haberlo buscado conscientemente, o bien se produce por la necesidad de dar soluciones inmediatas a problemas particulares; es disperso porque refleja a la realidad de un modo disperso limitándose a explicar los hechos aisladamente, sin llegar a establecer relaciones entre ellos; y es convencional porque este tipo de conocimiento se basa en la tradición o consenso de la mayoría -de allí su característica de común- es decir, está basada su vigencia en la convención de quienes lo comparten y utilizan, por ello puede calificarse de espontáneo, disperso y convencional.

El sentido común a veces conocido como el menos común de los sentidos, parece ser precisamente el menos común en los ecuatorianos, pues no escapa a nuestra percepción la carencia de éste, en ciertas personas con las que por alguna razón debemos interactuar en nuestro diario vivir, y cuyas consecuencias las tenemos que sufrir incomprensiblemente quienes si sentimos, pensamos y actuamos con sentido común, quienes si entendemos y conocemos los límites del respeto con el irrespeto, de la tolerancia con la intolerancia, los límites de lo racional con lo irracional y quienes obramos en consecuencia de ello sin hacer un dogma y sin estar mecánicamente obsesionados con la aplicación de un mal redactado reglamento o el cumplimiento de una absurda disposición dada por alguien con igual carencia de sentido común que sus subordinados, perdidos de la realidad objetiva del entorno en que vivimos.

Y así vamos sufriendo las absurdas consecuencias del desuso de esta herramienta de racionalidad, ejemplos de estas actitudes carentes de sentido abundan, y van desde lo particular a lo general, así por ejemplo, la censurable actitud que tuvo el guardia de apellido Loor del Banco del Pacífico de la agencia Manta-Shopping, el día Lunes 23 pasado, quien con inusitada y obcecada prepotencia, y descortesía, intentó hasta prohibir a las cajeras que me recibieran un deposito por el solo hecho de estar con mi nieto de brazos parado en la fila de la tercera edad y mujeres embarazadas, pretendiendo que me aprestará a hacer la larga cola sin darme la oportunidad siquiera de explicarle de mi hernia discal en mi columna vertebral, ventajosamente y para mi suerte, el señor que ocupaba un sitio delante mío, -obviamente un racional ser humano con sentido común- se ofreció a hacerme el deposito en el momento en que el mentado guardia se aprestaba a buscar la ayuda del otro guardián de la puerta para tratar de agredirme cobardemente sin importarle que tenía a mi nieto en brazos. O del caso sufrido por mi nuera en el aeropuerto, quien por orden médica debía viajar a Quito pues su estado de gravidez corría peligro por habérsele detectado un cuadro de placenta previa, y quien delicada como estaba, necesitaba la asistencia para abordar el avión con su pequeño hijo infante –mi nieto- pero desgraciadamente fue objeto de la absurda y desconsiderada actuación del guardián de acceso a los filtros de salida, un irracional de nombre Miguel Espinosa que sin dar oportunidad de explicación alguna y al que no le importó del estado de mi nuera, trató de impedir casi a empellones que mi hijo que portaba una autorización de la jefe de counter para ingresar hasta la puerta del avión, prestara tan requerido auxilio a una persona extremadamente delicada de salud. O el caso del cierre por tres horas de la vía a San Mateo el pasado Sábado, para el uso de dos docenas de ciclistas en perjuicio de miles de usuarios.

Los ejemplos se van sucediendo, y de lo particular pasamos a lo general, al manejo del Estado sobre los bienes comunes, y nos encontramos incomprensiblemente con la noticia de que en el país existen enormes yacimientos cupríferos, que correctamente explotados lo podrían situar como el segundo productor del preciado metal -después de Chile-, con una producción estimada anual de doce billones de dólares (la deuda externa del Ecuador está en el orden de los trece billones), pero por aquello de que la patria es de todos, no importan si son minorías seudo ecologistas, se está perjudicando a todos los ecuatorianos por vía de boicotear las concesiones legítimamente otorgadas, y no se hace nada por solucionar su explotación. Que si los contratos son o eran lesivos al Estado, pues bien que se los renegocie pero que se proceda con urgencia a activarlos; que si afectan a la ecología -sin ser esta una verdad-, pues que se los obligue a cumplir los estudios necesarios de mitigación ambiental, aunque las actuales técnicas de explotación minera son técnicas limpias, amigas del medio ambiente y al contrario de la explotación desordenada, indignante y precaria que representó Nambija para el país, en donde si existió envenenamiento de sus ríos con mercurio y nitratos, la moderna explotación con tecnología canadiense representaría para el estado que en menos de un lustro la deuda externa quede saldada y los inconmensurables recursos de dicha explotación significarían a los ecuatorianos promisorios días de bienestar y progreso (se habla de reservas por casi ciento veinte billones). Entonces, ¿donde queda el sentido común, porque se boicotea la explotación de dicho mineral? ¿Qué parte no se comprende del importantísimo aporte que representaría al bienestar de los ecuatorianos explotar este recurso?. Que nos pasa ecuatorianos, actuemos con sentido común!.

SI A LAS REFORMAS, NO AL SECTARISMO (Final)

He querido a propósito esperar a que la consulta a la constituyente se haya celebrado, y cuyo resultado es ahora por todos conocido, para opinar sobre la impostergable necesidad de debatir los cambios estructurales que el País necesita para asegurar el postulado universal de “Nación que garantice el desarrollo sustentable para sus habitantes”. Y en este contexto, el debate deberá ser absolutamente democrático, permitiendo que todas las corrientes de pensamiento accedan con libertad a emitir su opinión sin cortapisas, amenazas, o peor, instituyendo sectariamente la persecución y la división entre ecuatorianos, pues, el Ecuador es un corolario de gentes e ideologías abanderadas por el mismo tricolor que anhela el bienestar y sueña vivir con trabajo, en libertad para escoger lo que mejor le convenga dentro de un ambiente de paz, seguridad y respeto; y no significa el triunfo del si a la constituyente, una licencia autoritaria para desterrar las ideas y propuestas de grupos antagónicos emitidas y conceptualizadas con visión de patria dentro del libre ejercicio democrático.

Como es lógico, al existir diversas visiones políticas, existen muchos asuntos discutibles, de los cuales cada corriente de pensamiento quisiera y gustaría verlos plasmados en la nueva Constitución, pero por sobre todo ello, es recomendable y deseable que las ponencias ideológicas se atemperen y concilien en función del bien supremo de todos los habitantes de nuestro hermoso país.

Que se analice con desprendimiento las bondades de la parte dogmática de la actual Constitución, y se tamice las disposiciones orgánicas, las correspondientes a requisitos de elección a legisladores, jueces de Corte Suprema, Contralor, Procurador y demás dignidades de relativa importancia, para subsanar los vicios de forma y procedimiento que han sido motivos de pugnas y mórbidos intereses.

La Constitución de 1998, introdujo en su Título III, importantes reformas de contenido social, se preocupó de incluir la aplicación efectiva de los derechos, garantías y los correspondientes deberes de los ciudadanos; reformas en las áreas de la salud; de la educación, en donde el Art. 71 destinó el 30% del presupuesto general del Estado para este sector, también instituyó en el Art. 70 la obligación de rendir cuentas del sistema educativo nacional -aspectos que no se han cumplido-. Reformas en el ámbito de las garantías de los derechos: Habeas Corpus, Habeas Data, Amparo Constitucional, creación de la Defensoría del Pueblo (?); y, lo más importante a mi entender, por ello de que el problema no está en las leyes sino en las actitudes de las personas, y que para lograr un verdadero cambio debería constituirse en eje fundamental de difusión y enseñanza a todos los ecuatorianos, no solo a aquellos en edad escolar; la Constitución del 98, en su Título III, Capitulo VII que habla de los deberes y responsabilidades, nos entregó en el Art. 97, veinte ordinales que empiezan por el mandato de acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente –pausa obligada para reflexionar nuevamente, y repasando los últimos tiempos de vida política, especialmente los últimos episodios vividos, me pregunto si esto se ha cumplido, y obviamente la respuesta es NO, y de cajón me viene la siguiente pregunta, ¿Qué o quién garantizará que la nueva Constitución no caiga en la calidad de papel mojado de la actual?-; y, así, comentando aleatóriamente el mismo artículo 97, el ordinal 4to que habla de promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular; o el ordinal 6to trabajar con eficiencia (?) –mi querido lector usted habrá sentido como todos los ecuatorianos, la ineficiente y displicente atención de los burócratas estatales en el Registro Civil, IESS, Emelmanabí, o Pacifictél por mencionar unas pocas, y, ahora hasta en el sector privado, en los Bancos colas de ignominia, en donde cuando a usted le toca hacer su tramite, justo ese instante se va el sistema o simplemente el empleado se manda a cambiar, cambiará esto la constituyente?-; en el ordinal 9no se señala; Administrar honradamente el patrimonio público; en el ordinal 14 se señala “Denunciar y combatir los actos de corrupción”. Cree usted que todos estos postulados se han cumplido?, yo creo que no y sería inútil seguir comentando los demás, si sabemos que se han incumplido. Es entonces urgente que como modelo prioritario de propaganda Estatal se promocionen y difundan todos los ordinales del artículo 97 de la todavía vigente Constitución Política del Estado, campaña de propaganda estatal, esta sí, de justificada y permanente implementación.

También introdujo la Constitución del 98 importantes cambios en el sistema Judicial, se instituyó la oralidad de los juicios para dotar a los ecuatorianos de una justicia sin dilaciones, una justicia inspirada bajo los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en su administración. En donde se hace hincapié en que la justicia no se sacrificará por la sola omisión de formalidades; lamentablemente, todos estos enunciados armónicamente estructurados y plasmados con la mejor intención, han quedado en ello, en simples enunciados, pues a pesar de haber pasado ya nueve años de vigencia, no se ha implementado la oralidad de los juicios en todas las materias, ni se ha logrado la eficiencia en la administración de justicia, con causas acumuladas y traspapeladas por tiempos fuera de toda previsión doctrinaria peor legal, adjetivamente hablando.

La agonizante Constitución del 98, doctrinariamente señala en el Art. 242 que la organización y el funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios; y a la propiedad de los medios de producción. Entonces me pregunto, que tan mala es la Constitución vigente para que se la haya satanizado como la razón de todos los males de los ecuatorianos?. No será que este país caudillista, en ausencia practica de aquellos que dominaron la escena política y económica, exiliados por acusaciones de corrupción unos y envejecidos otros, busca nuevos caudillos, y son estos aspirantes los que buscan someter al pueblo en una repetición histórica de idénticos sucesos, pues con la que se obtenga del parto de la Constituyente recientemente aprobada serán veinte constituciones en la vida Republicana del Ecuador que no han cambiado nada de la azarosa vida política nacional, ni han logrado un crecimiento sustentable de la economía para beneficio de sus habitantes.

Es de esperar que a la Constituyente vayan los mejores, y no petimetres sin preparación suficiente ni para entender que importancia y supremacía tiene la Constitución en la vida del Estado, y es de esperar también que el pueblo inteligente e intuitivo sepa valorar a aquellos elementos valiosos y no se equivoque eligiendo bailadoras, showmans de televisión, peloteros o mercachifles que en su ámbito están bien, pero que no están capacitados para disponer y diseñar el destino de casi catorce millones de ecuatorianos.

Dr. Eduardo Caamaño Vega
Worldbec@hotmail.com

SI A LAS REFORMAS, NO AL SECTARISMO (Parte II)

Desde la entrada en vigencia de la Constitución del 98 las buenas iniciativas en materia de reformas políticas fundamentales han sido escasas si no nulas; y esto ha ocurrido por la existencia del famoso candado constitucional manejado al antojo de grupos hegemónicos de poder, malos representantes de los partidos políticos en los gobiernos de turno y por élites descalificadas enquistadas en el Congreso Nacional desde el retorno de la democracia, los que por ignorancia unos y por intereses personales los otros -que para los efectos es lo mismo-, las han bloqueado permanentemente, privando al país de la producción y aplicación de las leyes necesarias para el desarrollo, creando con ello vacíos legales que han ocasionando el atraso del país, afectando su competitividad, su participación en los mercados regionales y su inserción en el mundo globalizado actual en condiciones que garantice el desarrollo sustentable y sostenible del Ecuador y su gente.

Ahora, esta desgraciada verdad se ha constituido en el mejor as bajo la manga del gobierno actual, su caballo de batalla para vendernos la idea de que el país necesita cambios profundos y estructurales –sin decirnos cuales hasta hoy- y que no se los logrará sino solo con una constituyente con poderes totales. Hasta allí, para quienes desconocen de Derecho, no sería nada extraordinario, pero para quienes si lo conocen, la constituyente no se justifica y menos con poderes totales, ya que, el Ecuador desde la fecha de entrada en vigencia de la actual Constitución hasta los días precedentes a la convocatoria a la consulta popular para aprobar la instalación de la constituyente no ha vivido una dictadura, única razón que lo amerite.

No quiero entrar a argumentar ampliamente sobre ello porque no viene al caso, pues la consulta popular aprobatoria de la misma ya esta convocada; lo que nos interesa acá, es que, precisamente el debate formado para determinar su validez no ha sido sino una distracción para lograr vender la idea de la 'constituyente panacea', la que estratégicamente se constituye como la punta de lanza de la fuerza que sustente las ideas para perennizarse en el poder, sin oposición de ninguna clase, dentro de un sistema totalitario y autárquico; ventajosamente tamaño propósito no puede pasar desapercibido y es necesario evidenciarlo, pues para lograrlo, utilizando como herramienta la amenaza, el miedo y la fuerza pública bajo su mando, ha neutralizado al Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y hasta a la misma Función Judicial, instancias que ahora penden anodinamente del Tribunal Supremo Electoral. A este último, le visualizo un final análogo al de los “camisas amarillas” de las etapas iniciales del nazismo, déspotas que ayudaron a Hítler a llegar al poder y quién una vez ubicado allí, ordeno su exterminio en la famosa “noche de los cuchillos largos”

El país no necesita de enfrentamientos entre ecuatorianos, no necesita que los muchos Acostas que no tienen que ver con el banquero, sean estigmatizados y convertidos en el blanco de los resentidos de siempre, ni que los prósperos Quishpes y Piguaves que los hay, sean considerados como marginales y por ello naturales contendientes de los otros, que absurda visión del país.

El Ecuador lo que necesita para generar bienestar para su gente es que se debata con seriedad la importancia de las reformas necesarias y urgentes que permitan proyectarlo en el largo plazo, reformas tales como que al Congreso Nacional solo accedan para desempeñarse como legisladores, profesionales con acreditada experiencia y al menos un postgrado en Ciencia Política, Administración y Legislación Pública por nombrar unas mínimas. Que se analicen y revisen los cambios necesarios en materia educativa también son urgentes; que se penalice el abandono de sus deberes a los profesores y a los servidores de la salud que no acuden a los centros educativos y dispensarios rurales; que se implemente auditorias administrativas a los funcionarios y empleados públicos para determinar el cumplimiento de sus funciones; auditorias de gestión a los profesores que no aplican el tercer eje o ejes transversales en la reformada Ley de Educación que habla sobre la obligación de los profesores de cualquier materia en cualquier etapa, para que suspenda la clase de su materia por cinco o diez minutos y entre a tratar sobre los valores básicos inherentes al ser humano, enseñar que no hay que disponerse de lo ajeno, que hay que cuidar al bien común como propio, que hay que cumplir responsablemente con las obligaciones personales, incluyendo la de traer al mundo solo hijos en capacidad de mantenerlos.

Dr. Eduardo Caamaño Vega - Worldbec@hotmail.com

SI A LAS REFORMAS NO AL SECTARISMO (I Parte)

Interpretar las leyes es descubrir su verdadero sentido y alcance para aplicarla en los casos concretos de una manera precisa, sin tergiversar la intención que tuvo el legislador al crear dicha norma. La interpretación auténtica de la Ley, es exclusiva de los legisladores en el Congreso Nacional, la interpretación judicial de la Ley, es la que hacen los jueces, magistrados y Tribunales de Justicia –no Tribunales Electorales que tienen solo jurisdicción para juzgar delitos de carácter electoral- en los casos de su competencia. Y finalmente en temas de carácter Constitucional, es el Tribunal Constitucional el llamado a arbitrar su aplicación.

En el Ecuador actual, podríamos decir sin temor a equivocarnos, que la crisis institucional es tan grave que ha rebasado su ámbito para convertirse ya en una crisis de la democracia, en donde todos los actores sociales, interpretan la Ley a su antojo y mejor conveniencia, es decir, vivimos en un totalitarismo, en donde el tema de fondo no es si la Constitución es buena o es mala, y que si la constituyente, cual panacea, fuese a resolver los problemas del país. No, no, no, eso es lo que nos quieren hacer creer para destruir –casi lo han logrado- las instituciones de la democracia -Congreso no existe, Corte Suprema y Tribunal Constitucional amenazados-y así, nos tratan de imponer un modelo muchachero de gobierno, donde el mentor desde el caribe, le deja llegar las notas de su bien instrumentada antidemocracia, para que a su mejor estilo se entronice en el poder vía el caos y los enfrentamientos entre ecuatorianos. Y, para eso, sin necesidad de paradigmas, aprovechándose de los sufridores de siempre, de los que nunca han ganado una elección y que siempre están rozando la descalificación de partido político -de ahí su cacareada lucha contra la partidocracia-, a palo y piedra arremeten contra la inteligencia y la intuición del pueblo, y pretenden acallar sus voces, cuales tiranos absolutistas bajo el manifiesto de “o estas conmigo o no estas conmigo y por tanto eres mi enemigo”.

Como confiar, en quien ayer se mantenía y recibía su paga como profesor de la Universidad a la que ahora ataca y trata de estigmatizar tratando peyorativamente a su cuerpo directivo, docente y alumnado, en donde tengo entendido acuden muchos hijos de esta ciudad que no son ni de lejos, pelucones, ni gamonales, ni élites de ninguna clase, sino al contrario, excelente elemento extraído de una pujante sociedad, económicamente acosada pero merecidamente esforzada e ideológicamente libre y democrática.

Y mientras esto acontece, ha pasado de agache el estatuto de la famosa constituyente, a la que se le ha dotado de poderes totales, y entonces, como en Venezuela, vendrán una cansada sucesión de referéndums y elecciones que seguirán distrayendo a la opinión pública de los problemas no atendidos, en salud, educación, infraestructura, y lo que es peor en la creación de fuentes de trabajo, pues según proyecciones del mismo gobierno y difundidas por la televisión, el único país de Sudamérica que no tendrá tasas de crecimiento positivas durante el 2007, es el Ecuador, en donde la incidencia directa de pérdida de puestos de trabajo será de treinta mil ecuatorianos y la indirecta de cien mil. Genial!, ahora hasta yo, nacionalista a ultranza, pienso en emigrar donde tenga mejores oportunidades, y muchos de ustedes lo harán, pues como he dicho antes, el pueblo puede ser ignorante pero no estúpido, pueblo inteligente e intuitivo, que sabe y conoce que en un sistema como el nuestro en donde no existe “seguridad jurídica”, base sin la cual no existe inversión productiva, que es la única que posibilita el bienestar por vía del desarrollo y la investigación, y por ende y más importante, por la creación de fuentes de trabajo. Inversiones que con seguridad, no van a mirar ni de lejos a este hermoso pero vapuleado país.

Si a eso le agregan que el único plan que fue presentado como propio del gobierno en su primer viaje oficial a Brasil, y que fue adoptado por ser seriamente elaborado por la "visión" estratégica de los "manabitas", ha sido el del “Eje Multimodal Manta-Manaos”, ya que no había otros presentables en esa magnitud, y no conozco que los haya hasta ahora, entonces de que reformas necesarias hablamos, y que justifica la constituyente?.

Dr. Eduardo Caamaño Vega
Worldbec@hotmail.com

ATENTADO CONTRA EL PRINCIPIO DE DISCRECIONALIDAD DE LA AUTORIDAD

Pareciera que hemos entrado a convivir en una nebulosa, en la que no se ve con claridad el camino hacia donde dirigirnos, ni el rumbo que hemos tomado. Indudablemente vivimos una regresión, y las acciones que emanan de parte de los diferentes actores sociales resultan anacrónicas. La mejor analogía que calza para compararlos, es que estamos andando como el cangrejo, para atrás.

Estos comentarios a manera de preámbulo, se patentizan en un episodio vivido por el rector de un instituto superior de Montecristi, frente a la legitima sanción impuesta a una alumna indisciplinada y reticente a cumplir con los preceptos, normas y leyes que regulan el ASERO (año de servicio educativo rural obligatorio) al que se encontraba sometida; sanción que le prohibía participar de la ceremonia de graduación, y, que no surtía efectos legales, pues no se le afectaba con ella a la estudiante rebelde, al ejercicio de ninguno de sus derechos de incorporación al grado de profesora, ni esta sanción de carácter netamente disciplinaria emanada de un acto de simple administración le significaba a ella daño inminente alguno, grave e irreparable, presupuestos exigidos en el Art. 95 de la Constitución, para la presentación y aceptación del recurso de Amparo Constitucional propuesto por la estudiante en contra del rector y miembros del concejo directivo del plantel, y, absurdamente aceptado al trámite por los conjueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo.

Pero el tema no sería tan extraordinario en realidad, si no fuera porque, dicho tribunal, violando el trámite dispuesto en el artículo 95 de la Constitución en vigencia, que dispone que presentado el recurso, en el mismo día se notificará a la autoridad de la que emana el acto impugnado, y se convocará para que dentro de las siguientes veinte y cuatro horas tenga lugar la audiencia pública en que se oirán a las partes, pudiendo si así lo considera, suspender los efectos del acto impugnado hasta ser resuelto por el juez o tribunal que conozca del recurso propuesto. Audiencia que en el presente caso, fue convocada ilegítimamente de manera extraña por decir lo menos, ciento cuarenta y cuatro horas después de propuesta la acción y justo veinte y cuatro horas antes de que se celebre la ceremonia protocolaria de graduación, coadyuvando de esta manera, a que la sancionada alumna haga burla del principio de discrecionalidad de la autoridad, y más grave aún, que haga banderías con las instituciones jurídicas y con los órganos de la justicia llamados a hacer cumplir la ley y el orden como el mentado Tribunal.

Independientemente de los motivos que haya merecido la sanción impuesta, -que son graves faltas a los reglamentos y al principio de integridad del docente-, las continuas transgresiones que de la Ley hacen justamente quienes son los llamados a hacerla cumplir, son las que motivan el rechazo y la censura de los ciudadanos y ciudadanas del país a sus instituciones y autoridades, y se refleja en la percepción real de inseguridad jurídica en que vivimos.

El día de mañana, un miembro de la fuerza pública se niega a cumplir una sanción impuesta por sus superiores, y propone un absurdo recurso de amparo atentando al principio de discrecionalidad de la autoridad, y, que, como en el caso narrado, sea indebidamente tramitado, entonces, ¿de qué orden y seguridad ciudadana estaríamos hablando?

Me pregunto que hubiera pasado si en lugar de la fantasiosa acción de Amparo Constitucional presentada, se hubiera propuesto una legítima, en la que el daño verdaderamente fuera real y grave y que amenazara inclusive la vida de personas, estaríamos esperando un mes para resolverlo seguramente –considerando el tiempo transcurrido para el del caso narrado-, pero entonces, no estaríamos discutiendo sino en donde enterrar las víctimas antes de que el recurso fuera resuelto por el tribunal de marras.

De esta forma no se construye el país que queremos y que todos anhelamos.

Dr. Eduardo Caamaño Vega

worldbec@hotmail.com

QUIEN ES EL ESTADO QUE ALCAHUETEA A LA JUSTICIA?

De las ambiguas declaraciones emitidas por el Dr. Víctor Lozano, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Manabí, en el marco de la reunión mantenida con autoridades judiciales, policiales y de la legítimamente preocupada Presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, señora Lucía Fernández, sobre la problemática presentada por la liberación de los implicados en los casos de secuestro, y que según él, el “Estado es el gran alcahuete y culpable”, me ha quedado una lectura con sabor a dedo, y unas incógnitas obligadas que me llevan a explicar lo siguiente:

Quién es o qué es el Estado?.- El Estado es 'una persona ficticia', y por tanto sujeto a derechos –imposiciones más que derechos- y obligaciones, cuya esencia principal corresponde el de ser una organización jurídico político, en razón del territorio y de la potestad de las personas que habitan en él. Al Estado se lo representa y reconoce en un territorio cobijado por una bandera, en un himno, en un escudo, y en sus autoridades principalmente, que son las encargadas de dictar, ejecutar, y respetar las normas de su organización jurídico político. Siguiendo el concepto de Platón, diríamos que el Estado es un todo que comprende y unifica a todas las manifestaciones de la vida de los individuos. Su poder y su autoridad son ilimitados, igual que su competencia para promover la felicidad de todos.

De qué forma es el Estado?.- El Ecuador actual es un Estado democrático, soberano, y cuya soberanía radica en el pueblo. Su forma de organización y administración descansa sobre tres poderes fundamentales, independientes entre si, a saber: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El poder Judicial o Jurisdiccional, es el órgano del Estado encargado del poder de administrar justicia mediante la potestad pública que le confiere el Estado, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que le corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las Leyes.

Colegimos entonces, que el Estado no es sino una persona ficticia que es representado por el Presidente de la República, a cargo del Poder Ejecutivo; por los Diputados o Legisladores que son los encargados del Poder Legislativo, o sea del poder de legislar y entregar las leyes y normas necesarias para la convivencia pacífica; y de los Magistrados, Ministros y Jueces que conforman el poder Judicial, que son los encargados de administrar justicia amparados en la Ley. A los últimos, y para los efectos que nos interesan, hay que agregarles el Ministerio Público (fiscalía), entidad autónoma a los otros poderes del Estado, pero íntimamente ligado a la Función Judicial, pues tiene a su cargo la prevención en el conocimiento de las causas penales, y por ende dirigirá y promoverá la investigación preprocesal y procesal penal, y es de quienes depende que los presuntos infractores sean acusados ante los jueces competentes, ellos además son los encargados de seguir de cerca en todas las etapas de juzgamiento, impulsando la acusación en la sustanciación penal. Y, agregados a estos, también la Policía que tiene la obligación de proporcionar las pruebas y validarlas a lo largo del proceso penal.

Para el caso de los imputados del supuesto delito de plagio (tengo que decir obligadamente supuesto, pues de no ser así no hubieran sido liberados sino acusados), que fueron liberados según se desprende de la lectura de las declaraciones del Dr. Lozano, por que la figura del delito admitía fianza concedida por el Juez; dando a entender que “El Estado es el gran alcahuete y culpable, que no ha dado estas políticas que deben ser. Y nosotros cada cual nos tiramos la piedra” (sic). Horror de horrores, pues la Ley existe, artículos desde el 188 al 190.1 del Código Penal. Y en el supuesto de que la Ley fuese insuficiente, son los jueces, ministros y magistrados que por intermedio de la Corte Suprema de Justicia, según lo previsto en el artículo 144 numeral 3 de la Constitución Política vigente, los llamados a presentar los proyectos de Ley que fueren necesarios para corregir estos dislates y gazapos de la Ley Penal.

Concluyendo, no es el Estado como persona ficticia y como tal ser inanimado, el alcahuete de los resabios judiciales, los responsables son las personas que en ejercicio de su función, no hacen lo debido y ordenado en la Norma Suprema y por las leyes de las materias respectivas, como el del señalado en el Art. 19 del Código Civil, que dispone como deber inobjetable de los jueces, para los casos en que cuando haya falta u oscuridad de ley, consultar a la legislatura por intermedio de la Corte Suprema de Justicia a fin de obtener una regla cierta para los nuevos casos que ocurran. Ya dirán los liberados ¡Que viva la libertad que me otorga el Estado que alcahuetea a la justicia!.

Dr. Eduardo Caamaño Vega
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EL DERECHO A LA INTIMIDAD, A LA HONRA, A LA DIGNIDAD Y AL BUEN NOMBRE

(III parte)

Cuando hablamos de derechos hablamos de la facultad que un individuo tiene para actuar de determinada manera frente a la obligación que tienen otros de actuar de cierto modo para con nosotros u otra persona en particular. Frente al Estado somos “derecho habientes”, es decir el Estado se convierte en el agente dispuesto y supuesto a satisfacer nuestros derechos consagrados en la Constitución, muchos de los cuales allí integrados están como reconocimiento a los consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas.

Si estamos de acuerdo con una visión de la ética comprendida como el arte de vivir bien, y que ello supone reconocer el derecho a coexistir de los demás, estaremos de acuerdo entonces en que los derechos de las personas deben constituir una preocupación principal de quienes mayor conocimiento sobre los temas del diario vivir tienen; y que, son, por estar íntimamente ligados a ello en razón de su profesión, los periodistas, quienes 'in solidum' trasladan esa responsabilidad a los medios de comunicación para los cuales laboran, siendo entonces en consecuencia, los medios, las fuentes de la que emanan el conocimiento sobre los derechos y deberes de la sociedad.

Los medios de comunicación en la actualidad poseen un poder tecnológico extraordinario que les permite llegar al momento al lugar de los sucesos y ponerlo a disposición de la audiencia casi instantáneamente, y a veces la misma tecnología les permite llegar inclusive a lo más oculto y escondido, por lo que no es nada raro que ocasionalmente puedan hacer público lo que muchas veces es privado, encontrándose en el terreno separado por una delgada línea que al atravesarla, convierten al derecho a la intimidad y a la propia imagen (léase dignidad) como los derechos más amenazados por la libertad de expresión. Por lo que bien podríamos considerar como un conflicto entre libertades, a la libertad del individuo a ser soberano en su ámbito privado, contra la libertad del medio a revelar lo que ocurre en ese ámbito cuando los medios lo juzgan como de interés general; mejor ejemplo de ello, el caso de la difusión del ilegítimo video de la aprehensión del conocido periodista de esta ciudad, a quien la improvisada camarógrafa no contenta solo con filmar indebidamente al periodista desnudo, lo insulta y denigra en su personalidad.

La distinguida periodista y Doctora en Ciencias de la Educación Nila Velásquez Coello, en el apartado de su ensayo titulado Ética, Comunicación y Periodismo, con el cual colabora en la obra titulada, “Ética para todos”, editorial planeta 2004, pp., 46 nos dice que: los Colombianos Javier Darío Restrepo y María Teresa Herrán, estudiaron 68 códigos de ética profesional del periodista, de distintos países y continentes, y que concluyeron que hay un consenso universal, no solamente sobre la necesidad de atenerse a ciertas normas éticas, sino también “que existen normas universalmente aceptadas por lo profesionales del periodismo”. Entre los valores éticos coincidentes a los que se refieren Restrepo y Herrán, aparecen la veracidad, el secreto profesional, el rechazo a las ventajas personales y al plagio, la independencia, la solidaridad gremial, el respeto a la fama (léase buen nombre) y a la intimidad ajenas; la responsabilidad, la necesidad de una información comprobada y completa, la obligación de rectificar y el derecho a la réplica y el servicio a la comunidad.

Para el caso mencionado del sainete montado en la detención del periodista local, habría que preguntarse si desde el punto de vista ético, ¿es aceptable que la televisión obtenga y divulgue la información conseguida con base a un evidente afán de hacer daño y a una indebida actuación de quien hace el video? ¿Cómo creer que quien obtuvo la información en base a un engaño me está diciendo la verdad?. No es solo actuar de buena fe, pues la buena fe en el periodismo como en otras profesiones exige honestidad intelectual y respeto a la audiencia. Aquí, equivocadamente, se piensa que ignorancia es sinónimo de torpeza, y, que, la viveza criolla podrá con la intuición del pueblo, entonces no hay más ciego que el que no quiere ver. Aun estamos a tiempo de rectificar.

Dr. Eduardo Caamaño Vega
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EL DERECHO A LA INTIMIDAD, A LA HONRA, A LA DIGNIDAD Y AL BUEN NOMBRE

(II parte)

Decía en anterior entrega que, el derecho a la intimidad, a la honra, a la dignidad y al buen nombre, son valores invaluables e intangibles a cada ser humano; explicaba también que, ante tanta transgresión a estos derechos sufridos por todos los actores de la sociedad, los medios de comunicación tienen la obligación de entrar a desempeñar su rol fundamental y de mayor importancia, el de informar objetivamente con independencia absoluta, coherentes con la necesidad de ser guías de la sociedad, consecuentes con la necesidad de orientar en las mayores aspiraciones de la misma y por tanto desterrando practicas escandalosas; ya que, la profesión de periodista no está desvinculada de los derechos fundamentales del hombre, pues están relacionados íntimamente la ética para ejercerla y el respeto a los derechos humanos. Las exigencias de responsabilidad moral de los medios de comunicación por aquello del alcance que tienen para llegar a los corazones y las mentes de millones de personas cada día enfrentan nuevos retos y demanda de periodistas más comprometidos en nuevas dimensiones éticas. La diatriba fácil, la calumnia y el denuesto no pueden ser jamás armas de esta noble profesión, si no es posible controlar en su origen, si se puede al menos coartar su difusión. No es posible que quienes si hemos ejercido nuestro derecho y obligación al voto, y cumpliendo con ello elegimos a quienes hoy ostentan la dignidad de representantes de los ecuatorianos, sean tildados de ratas, ladrones, pillos, ¿es que acaso todos somos, ratas, ladrones o pillos?. ¿Quién responde por la honra, la dignidad y el buen nombre de los diputados?

En nuestro entorno más próximo, vemos con justificada preocupación, como se atenta contra la honra, la dignidad y el buen nombre de un conocido periodista, independientemente de la infracción que supuestamente ha cometido, vemos horrorizados como otros se constituyen en jueces de la conducta ajena, haciendo tabla rasa de las normas y procedimientos consagrados en la Ley y en la Constitución, la que en el Art. 16 dispone: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución”. Pregunto, ¿Qué Derechos Humanos se respetaron cuando se monto todo el grotesco circo con el que ajenos al operativo, sin autorización judicial, arremetieron con cámara de video en mano 'vejando' al infeliz periodista como si se tratara del peor criminal de la historia? ¿Quién le imprimió un sello de fiscal, juez o deidad (que muy ufana la señora de marras estará convencida es) para arremeter contra la intimidad ajena y hacer público el video? ¿Conoce ella, que los artículos 155 y 156 del Código de Procedimiento Penal, regulan la autorización del juez para las pruebas obtenidas por medio de videos? ¿Sabe esa persona que el artículo 201 de la Ley Orgánica de la Función Judicial prohíbe a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o diligencias previas que atenten a la honra y dignidad de las personas o a su intimidad? ¿Conoce la camarógrafa aficionada que, la Constitución protege los derechos civiles de los habitantes del Ecuador y que, en su Art. 23 numeral 8 dispone “El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar, y que la ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona”? ¿Entiende acaso la auto instituida juez, que existe el principio de publicidad prescrito en el artículo 195 de la Constitución, que prohíbe la transmisión de las diligencias judiciales por los medios de comunicación, ni su grabación por personas ajenas a las partes? ¿Está enterada de que el artículo 200 del Código Penal, establece prisión de dos meses a un año al que, sin ser empleado público, divulgare actuaciones o procedimientos de que haya tenido conocimiento y que, por ley, deben quedar reservados?; ¿Entiende que, el artículo 202.2 del mismo Código establece que la persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica?. ¿Sabe que la ignorancia de la ley no le exime de responsabilidad? Seguro que ella no lo sabía, y que la policía sí cuando hizo la detención, pero para eso existen los tontos útiles.

En una próxima entrega concluiré mi exposición sobre el derecho a la intimidad, a la honra, a la dignidad y al buen nombre.

Dr. Eduardo Caamaño Vega
mailto:worldbec@hotmail.com

EL DERECHO A LA INTIMIDAD, A LA HONRA, A LA DIGNIDAD Y AL BUEN NOMBRE

( I parte)


Son valores invaluables e intangibles a cada ser humano, de allí que se los haya considerado desde tiempos inmemoriales dentro del derecho natural, como parte de los derechos esenciales del hombre, inherentes a su integridad personal, son actualmente mejor conocidos como Derechos Humanos.

Siendo valores que gravitan estructuralmente en el entorno de cada ser humano, dentro de un nivel práctico de sus acciones, son directamente proporcionales y van formando el ámbito de su valoración como resultado de la síntesis de la realidad objetiva y la realidad subjetiva a lo que conocemos como el plano ético en el cual se desarrolla el hombre al interior de sus relaciones con la sociedad; es decir, seremos mejor apreciados mientras mayor sea nuestra participación aporte y contribución sin desconocer por ello igual derecho a quienes sean menos actores sociales.

Así los conceptos, asombra en la práctica la transgresión que se hace de estos principios fundamentales de convivencia y respeto a los Derechos Humanos, se mancilla el honor de las personas sin considerar su rango ni posición social, la diatriba, el insulto, la difamación y la chafarrinada son pan del día; con audaz disgregación de la realidad objetiva y subjetiva, se dice que todos los legisladores son ratas, pillos, ladrones, sin considerar que una gran mayoría de ellos obtuvieron sus escaños en las recientes pasadas elecciones con un volumen de votos que pasa de los cinco millones (Solo en Guayas, Pichincha y Manabí se concentran cerca de 4,5 millones de electores, lo que representa el 56% del total de votantes en el país), y luego con absoluta miopía, entonces, nos dejamos influir por las imágenes alienantes de una televisión sin norte que nos muestra a un grupúsculo de no más de tres mil personas atacando la 'casa del pueblo' (los mismos que fueron tildados de anarquistas en la mitad del mundo que entonces no tenían patente de corzo y ahora si tienen), viandantes autistas de la capital que no representan a nadie sino solo a sus profundas amarguras y resentimientos, rechazados del núcleo de la sociedad, ergo, de sus propias familias, con los cuales nos quieren hacer creer que somos todos los ecuatorianos los que queremos el caos, el desorden y la destrucción de la convivencia pacífica, del trabajo digno, del anhelo de progreso amén de otros bienes patrimoniales del Estado y de todos los ecuatorianos. Nada más alejado de la realidad!.

Es entonces que los medios de comunicación deberían entrar a desempeñar su rol fundamental y de mayor importancia, el de informar objetivamente con independencia absoluta, coherentes con la necesidad de ser guías de la sociedad, consecuentes con la necesidad de orientar en las mayores aspiraciones de la misma y por tanto desterrando practicas escandalosas; comprendiendo que la sociedad exige medios de información concordantes con el desarrollo de los tiempos y la velocidad de los cambios, comprometidos a halar y empujar para que los rezagados se acoplen al desarrollo; y no, estar al servicio de pequeños grupos de efímero poder 'pasantes de la democracia'.

Cuando la libertad de información se convierte en pieza clave de toda sociedad democrática, cuando las diversas funciones sociales de los medios de comunicación son incesantemente atacadas por el poder político, cuando la vida privada de tantas personas está sujeta a la investigación periodística, cuando sus mensajes tienen la capacidad de fijarse en la mente y corazón de millones de personas, no es extraño que las exigencias de responsabilidad moral a la profesión periodística -en sus múltiples dimensiones- crezcan considerablemente. Pues muchas veces son los apuntadores de la escena diaria que nos toca vivir, influenciando en los actores sociales la toma de sus decisiones.

En una siguiente entrega, iré explicando de que modo los medios tienen responsabilidad frente al derecho a la intimidad, a la honra, a la dignidad y al buen nombre.
Dr. Eduardo Caamaño Vega
mailto:worldbec@hotmail.com