Como todo gobierno de corte autoritario y estatista, el correismo ha buscado imponer su proyecto político echando mano a cuanto recurso disponible esté a su alcance, y no ha dudado a la hora de buscar consolidarse, utilizar como mecanismo de sometimiento y control, la incertidumbre y la inseguridad en el ejercicio de las libertades políticas y económicas de los ciudadanos.Para ello, no ha encontrado mejor herramienta que su atribución de colegislador, de la que ha abusado generando inestabilidad jurídica al proponer y promulgar innumerables leyes que han dado pocas certezas a los diferentes agentes económicos.
Uno de los motores principales de la economía de cualquier país, es la inversión extranjera, que no es otra cosa que el acto de adquirir activos fuera del país de origen, en orden de establecer rentabilidad financiera o rentabilidad productiva. Pero para que estas inversiones lleguen es necesario minimizar los riesgos con reglas claras que delimiten el espacio a moverse y como moverse
Por definición, estabilidad jurídica es "la seguridad de que las proposiciones normativas, formuladas en supuestos hipotéticos, se van a aplicar a cada concreta situación de hecho con absoluto respeto a lo previsto en las mismas y sin variaciones de criterio a la hora de resolver supuestos similares". Dicho de otro modo, las cláusulas de estabilidad jurídica son aquellas en que los Estados, en contratos con inversores, se comprometen a no alterar las condiciones legales existentes al momento de celebrarlos.
Para atraer inversiones es necesario obligarse a respetar las reglas del juego para ofrecer seguridad a las inversiones como mecanismo para atraerlas.
En el Ecuador de la Revolución Ciudadana, se ha dirigido a contraflujo la política de atraer inversiones, así, la ley sobre asociaciones público-privadas (del 18 de diciembre de 2015) simula transitar por el camino de la estabilidad jurídica cuando coquetea a potenciales inversores con una promesa de certeza legal: el primer párrafo de su art. 15 dice que “La estabilidad jurídica que se garantiza en esta Ley se extiende a los aspectos regulatorios -declarados como esenciales en los correspondientes contratos- por lo que, resultaría entonces, que lo acordado como esencial sería intangible. Y como todo lo que este gobierno hace, por subterfugios, resulta que dos renglones después, el mismo Art. 15 evidencia esa falsa promesa de acuerdo -como salida furtiva- al señalar que “La estabilidad jurídica no recaerá sobre las normas declaradas inconstitucionales o ilegales por el tribunal competente...”. Burda perogrullada, pues de nada vale que el Estado se obligue a no alterar un específico marco normativo, legal o reglamentario, si inmediatamente después el mismo Estado puede declarar que tal o cual norma -cuya existencia fue tomada en cuenta para pactar las condiciones contractuales- en verdad no debe aplicarse.
Peor aún, la misma ley permite, (Art. 20.2), que en los contratos respectivos el Estado acuerde que las diferencias con los inversores sean dirimidas mediante arbitraje. Pero expresamente excluye de tal mecanismo a los actos que “...deriven directamente de la potestad legislativa y regulatoria del Estado ecuatoriano”, lo que significa que si el Estado viola la cláusula de estabilidad jurídica –introduciendo normas que alteren las condiciones legales existentes cuando se firmó el contrato- los inversores no pueden llevar su reclamo ante un tribunal arbitral, sino ante los jueces locales. El mismo Estado convertido en juez y parte.
Las reglas de juego de este gobierno jamás han sido y no serán claras -les conviene para mantener su aparato voraz y la impudicia de sus miembros- en detrimento de la seguridad jurídica que buscan los inversores. Es decir, inversiones nuevas o frescas que dinamizarían el aparato productivo NO VENDRÁN, pues, con tanta reforma legal a innumerables cuerpos normativos hechos a conveniencia de este gobierno -como ningún otro- nos tocará padecer un galimatías legal, que implicaría que el nuevo gobierno deba desentrampar o desenmarañar la red tejida por éste, en una continua reforma de leyes sobre inversiones, sobre impuestos; de minería, de uso de suelo, sobre la propiedad, sobre las sociedades, sobre el capital, sobre la libertad, sobre el trabajo; relacionadas con el agua y sus usos, con la agricultura, con los créditos, con el manejo del dinero, con los servicios, con las libertades individuales, con el porte de armas, con el porte de sustancias, con la concesión de servicios, en fin, todo un sistema normativo que abarca a todos los ámbitos y que ha sido manoseado a mansalva generando una insostenible INSEGURIDAD JURÍDICA y LEGAL, amén de hablar de la intromisión en el poder judicial, el que necesariamente deberá ser sometido a cirugía mayor para extirpar el cáncer de la sumisión al gobierno representado en los abundantes malos funcionarios introducidos también a conveniencia.
Tenemos muchas cosas que agradecerle a este gobierno, sí, como no!!!
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